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title: "\"Compromiso por el país\": Las líneas estratégicas acordadas por la coalición multicolor"
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description: "\"Hasta el 27 de octubre fuimos competidores. Hoy ya no lo somos. Partiendo de la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras miradas políticas\", dicen Lacalle Pou, Talvi, Manini Ríos, Mieres y Novick."
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category_name: "Política"
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# "Compromiso por el país": Las líneas estratégicas acordadas por la coalición multicolor

![acuerdo coalición multicolor](/download/multimedia.normal.b6ccdcd70d728b67.6163756572646f20636f616c696369c3b36e206d756c7469636f6c6f725f6e6f726d616c2e706e67.png)

En un documento firmado por los integrantes de la coalición opositora: Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Edgardo Novick, se dieron a conocer los 13 puntos que forman parte de un acuerdo que en caso de llegar Lacalle Pou a la Presidencia de la República será impulsado por todos estos actores y partidos políticos. De esta manera quedan trazadas las grandes líneas estratégicas sobre las que han acordado los antes mencionados.

**LO QUE DICE EL PROGRAMA TEXTUALMENTE:**

Los abajo firmantes fuimos competidores en las elecciones del pasado  
27 de octubre. En conjunto, los uruguayos nos honraron con el 53%  
del total de votos emitidos. Los legisladores electos por nuestras listas  
acumulan 56 bancas en la Cámara de Representantes (sobre un total de  
99) y 17 bancas en el Senado (sobre un total de 30). Todos juntos podemos  
ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer: una  
mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez, y una variedad  
de enfoques y sensibilidades que nos ayude a dar mejores respuestas  
a la diversidad de necesidades y aspiraciones de los uruguayos.  
Hasta el 27 de octubre fuimos competidores. Hoy ya no lo somos.  
Partiendo de la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras miradas  
políticas, nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de rumbos  
estratégicos que aseguran una acción de gobierno sólida y coherente.  
Cada uno de esos rumbos se traduce en medidas concretas, sobre las  
que hemos acordado y sobre las que seguiremos profundizando.  
Las grandes líneas estratégicas sobre las que hemos acordado son las siguientes:

**1.**  
**UN GOBIERNO CON LAS CUENTAS**  
**EN ORDEN**

Los últimos gobiernos no supieron administrar la abundancia de la que se  
beneficiaron. A pesar de que dispusieron de más dinero que ningún otro  
gobierno en la historia nacional, hoy tenemos un déficit fiscal que no para  
de crecer, una inflación fuera de los límites fijados por el propio gobierno  
y una deuda que crece a un ritmo insostenible. Las necesidades fiscales,  
traducidas en aumentos de impuestos y tarifas, en emisión de deuda y  
en atraso cambiario, han puesto contra las cuerdas al sector productivo,  
lo que derivó en cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.  
Nosotros nos comprometemos a un manejo cuidadoso y responsable  
del dinero de todos. Los recursos que se vienen malgastando  
son aportados con esfuerzo por los uruguayos. Para cortar este  
ciclo nos comprometemos a impulsar medidas tales como:  
• Disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo  
de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio  
• Realizar durante 2020 una auditoría de gestión, dentro del marco  
constitucional vigente, que permita identificar espacios de ineficiencia  
y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos  
• Identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto  
público, sin afectar las prestaciones en el área social. Aspiramos a un  
Estado activo, no prescindente, en apoyo de los más vulnerables  
• Diseñar y poner progresivamente en funcionamiento  
una Regla Fiscal de Balance Estructural  
• Avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, con una  
lógica de “base cero” para todos los gastos discrecionales  
• Reducir progresivamente la flota vehicular del Estado, en  
consonancia con las necesidades de cada repartición  
• Analizar la cantidad de asesores y adscriptos contratados  
por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles  
• Reducir los cargos de particular confianza, especialmente  
en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte  
de ellos por cargos de alta dirección pública  
• Reducir la cantidad de asesores y adscriptos contratados  
por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles.

**2.**  
**UN ESTADO**  
**INTELIGENTE Y**  
**TRANSPARENTE**

Durante los últimos años, el Estado se ha vuelto más ineficiente, más  
opaco y más burocrático. Nosotros nos comprometemos a impulsar una  
reforma del Estado que incluya, entre otras, las siguientes medidas:  
• Crear una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas,  
vinculándola con agencias ya existentes como la Auditoría Interna  
de la Nación y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)  
• Fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP),  
dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea  
• Jerarquizar el Portal de Transparencia Presupuestaria  
• Fortalecer las capacidades del Estado en Planificación Estratégica,  
• Concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso,  
inducción y redistribución de funcionarios públicos  
• Fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas  
• Firmar contratos por resultado con organizaciones  
que proveen servicios públicos  
• Humanizar la función pública, mejorando de las  
condiciones de trabajo de los funcionarios  
• Fortalecer el Tribunal de lo Contencioso  
Administrativo y el Tribunal de Cuentas  
• Fortalecer las garantías de los contribuyentes ante la autoridad impositiva  
• Avanzar en la descentralización: fortalecer los gobiernos  
locales, asignándoles más competencias y recursos  
• Promover una normativa que, respetando el marco constitucional  
vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso  
de personas contratadas por los gobiernos departamentales  
• Plan de desburocratización y simplificación de  
trámites, con apoyo en la tecnología  
• Plan de aprovechamiento y evaluación del estado  
de conservación de inmuebles del Estado  
• Incorporación de un paquete de leyes anticorrupción:  
enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio.

**3.**  
**EMPRESAS**  
**PÚBLICAS AL**  
**SERVICIO DE**  
**LA GENTE**

Las empresas públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos,  
y no los ciudadanos al servicio de las empresas públicas. Experiencias  
como la de ANCAP revelan cuánto nos hemos alejado de este  
principio básico. Para recuperar el sentido original de estos organismos  
que forman parte de nuestras tradiciones institucionales, nos  
comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:  
• Concentrar la actividad de las empresas públicas en las funciones  
industriales y comerciales definidas en sus respectivas cartas orgánicas  
• Aplicar a las empresas públicas las mejores  
prácticas de gobierno corporativo  
• Aprobar un manual general de Principios de Gestión de empresas  
públicas, y de protocolos para la selección de integrantes de los directorios  
• Promover la designación directorios profesionales, y  
establecer la obligación de coordinar con el Parlamento la  
presentación y seguimiento de planes estratégicos  
• Revisar los criterios de presentación de los estados económico-financieros  
• Establecer mecanismos de control estrictos y eficaces de las  
empresas subsidiarias de derecho privado, con auditorías de gestión  
• Fortalecer las unidades reguladoras, ampliando sus competencias  
y otorgándoles más independencia y mayores recursos  
• Fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios  
técnicos definidos por las unidades reguladoras.

**4.**  
**IMPULSO AL**  
**CRECIMIENTO:**  
**DESARROLLO**  
**PRODUCTIVO Y**  
**MEJORA DE LA**  
**COMPETITIVIDAD**

A la riqueza nacional la generamos los uruguayos con nuestra creatividad,  
nuestra energía y nuestro esfuerzo. Por eso se necesita reactivar la economía,  
generando un país más competitivo y dinámico en todos los sectores. Es  
fundamental implementar medidas que mejoren las condiciones de vida  
de los uruguayos. Para eso nos comprometemos a medidas tales como:  
• Utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento  
de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas,  
prioritariamente las de combustibles y electricidad  
• Avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos  
con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones  
que transparenten y racionalicen el mercado, buscando  
trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidas  
• Avanzar en la competencia en los sectores de  
telecomunicaciones y energía eléctrica  
• Impulsar al sector agropecuario como motor de la economía  
• Avanzar hacia la eliminación de los impuestos ciegos, que no  
tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad  
• Fortalecer técnicas productivas y líneas de investigación que  
promuevan una producción ambientalmente sostenible.  
• Impulso a la agroindustria. Estímulo a la formación de Clusters de  
Conocimiento y Experiencias agroalimentarias entre universidades,  
centros tecnológicos, productores y operadores del sistema alimentario  
doméstico e internacional. Impulso y fomento a la incorporación de I+D+i  
• Plan de mejora de la seguridad rural, particularmente en relación al abigeato  
• Reactivar sectores del agro con altos niveles de productividad y calidad,  
que hoy se encuentran en problemas (como la lechería, el arroz, la granja, la  
vitivinicultura y la apicultura) así como la producción familiar y la ruralidad  
• Promover la contratación de seguros agropecuarios en  
sectores que hoy cuentan con bajos niveles de cobertura  
• Adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales  
• Elaborar y poner progresivamente en práctica de un programa  
de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, con  
visión logística y territorial, que reduzca los costos asociados de  
transporte al mismo tiempo que actúe como generador de empleo  
• Modificar el régimen de PPP, con el fin de reducir plazos legales,  
eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para  
invertir e incentivar un desempeño más ágil de los actores involucrados  
• Impulsar medidas de apoyo a las micro y pequeñas  
empresas, incluyendo un régimen tributario especial  
• Fomentar la cultura emprendedora. La generación de  
nuevos emprendimientos crea empleo, pero además debe ser  
concebida como una herramienta para el desarrollo tecnológico,  
la innovación y la mejora de las condiciones de vida  
• Promover la creación de parques industriales y  
mejorar la Ley de Promoción de Inversiones  
• Promover un turismo sostenible y competitivo,  
desestacionalizando la actividad, diversificando los públicos y  
mejorando la conectividad aérea, terrestre y marítima  
• Fortalecer el mercado de valores como vía para generar mejores  
oportunidades de financiación a las micro y pequeñas empresas  
• Modificar la Ley de Inclusión Financiera. La promoción de la inclusión  
no debe incluir la obligación de cobrar salarios o pasividades, a través del  
sistema de intermediación financiera. La elección debe ser del usuario.

**5.**  
**INSERCIÓN**  
**INTERNACIONAL:**  
**ABRIR MERCADOS**  
**Y HACER**  
**ALIANZAS**

Tras años de una política exterior movida por las “afinidades ideológicas”,  
el país ha quedado encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado  
del mundo. Las condiciones en las que podemos entrar a muchos  
mercados hacen que nuestros productos no sean competitivos. Una  
mala política comercial repercute negativamente sobre el empleo,  
sobre la inversión y sobre las condiciones de vida de los uruguayos. Por  
eso nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:  
• Realinear nuestra política exterior con los principios del Derecho  
Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la  
defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho  
• Establecer un Plan Estratégico de Política exterior  
2020-2025, que guarde estrecha relación con las  
necesidades y oportunidades del país productivo  
• Reorientar, reentrenar y redesplegar el Servicio exterior  
para transformarlo en una gran fuerza comercial. Se impulsará  
una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las  
condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos  
• Trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas  
a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados  
miembros. Necesitamos un Mercosur moderno, ágil y flexible  
• Presencia activa en todos los ámbitos de negociación multilateral  
• Hacer un mejor aprovechamiento de las oportunidades  
que presentan los acuerdos ya firmados por Uruguay, como el  
Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la OMC  
• Impulsar nuevos acuerdos comerciales, especialmente  
con los principales países del Sudeste y Sur de Asia  
• Estimular el comercio electrónico mediante  
el uso de plataformas digitales  
• Programa de internacionalización de la tecnología que incluya la  
instalación de embajadas tecnológicas, así como acuerdos para evitar la  
doble tributación, para fomentar la radicación de empresas innovadoras y  
para promover la cooperación de la industria local con industrias globales  
• Fortalecer a las entidades de fomento y desarrollo de comercio e  
inversiones, potenciando su impacto y eliminando duplicaciones  
• Desarrollar una política de fronteras que responda a  
desequilibrios de corto y mediano plazo. Hay que analizar la  
estructura de costos del comercio fronterizo, implementando  
medidas que permitan su competitividad  
• Desarrollar la diplomacia cultural.

**6.**  
**UNA POLICÍA**  
**RESPETADA,**  
**UNA SOCIEDAD**  
**PACÍFICA**

El aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los  
derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento  
inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como vehículos de  
rehabilitación y reinserción, se han convertido en centros desde los que se  
dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Medidas  
como las que se proponen en esta sección deben ir acompañadas de un trabajo  
de más largo aliento sobre las causas del delito, en particular la exclusión social:  
• Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad  
pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus  
modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida  
por la Constitución y la ley para la conservación del orden  
público y la protección de los habitantes de la República  
• Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción  
permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país,  
utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado  
• Recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos  
y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades  
operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el  
análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías  
no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias  
• Fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria  
laboral. Profesionalizar los procesos de selección y valoración  
de competencias, desarrollar capacidades institucionales  
para la atención de enfermedades profesionales y desarrollar  
buenas prácticas de apoyo y cuidado al personal retirado  
• Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo  
orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también  
solucionar problemas de convivencia en sentido amplio  
• Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología  
de última generación y especialización de su personal  
• Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los  
funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval y Policía  
Aérea, y personal militar realizando operaciones de vigilancia de cárceles y  
fronteras, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio  
de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza  
• Modificar la normativa vigente para permitir registros  
personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de  
operaciones especiales como de controles rutinarios  
• Construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño  
tamaño, diferenciadas por el perfil de las personas privadas de libertad  
• Construcción de una cárcel de máxima seguridad para  
integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas  
privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad  
• Impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento  
de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como  
programas de formación laboral y socio-educativos  
• Revisar el sistema de libertades vigiladas, limitando su  
aplicación y verificando su efectivo cumplimiento  
• Revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Faltas  
• Conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los  
adolescentes autores de delitos gravísimos, preservando su confidencialidad.  
Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser  
considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia)  
• Desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana,  
que incorporará bases en el interior de la República, con  
Destacamentos departamentales, regionales o móviles  
• Profundizar y ampliar la formación policial en todos sus niveles y tareas,  
creando la especialidad de investigación criminal y poniendo sus planes  
operativos en sintonía con las mejores prácticas a nivel internacional  
• Fortalecer el vínculo y coordinación entre la Policía, la Fiscalía  
y la Justicia Penal. Reestructuración de la Fiscalía General  
de la Nación, creando cargos y fiscalías especializadas  
• Revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia  
de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones  
• Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado  
para erradicar la violencia de género  
• Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio  
descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política  
penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas  
al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo  
al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través  
del Ministerio del Interior y tendrá la responsabilidad de reimplantar  
el sistema de orden y seguridad en el sistema penitenciario  
• Modernizar la Dirección Nacional de Bomberos,  
extendiendo su presencia en todo el territorio, articulando  
equipos de rescatistas para emergencias.

**7.**  
**UNA POLÍTICA DE DEFENSA**  
**ADECUADA AL SIGLO XXI**  
En una democracia, el diseño y ejecución de la política de defensa y de  
su componente esencial, la política militar, es tarea del poder civil. La  
conducción de la política de defensa, y de su componente esencial: la  
política militar, es una de las responsabilidades de todo gobierno. Hoy hace  
falta ajustar esa política a los desafíos de un siglo XXI que plantea nuevas  
realidades. En este marco, nos proponemos impulsar medidas tales como:  
• Asegurar la continuidad de la participación en Operaciones  
de Paz, en el marco de la organización de Naciones Unidas y en  
cumplimiento de acuerdos internacionales suscriptos, mediante  
el despliegue de contingentes militares, observadores militares,  
policiales e integrantes en Estados Mayores Multinacionales  
• Protección integral de la soberanía sobre los recursos  
naturales, incluyendo el subsuelo, las reservas de agua  
potable, el mar territorial y el espacio aéreo  
• Desarrollar una planificación de largo plazo para la incorporación  
de los medios necesarios para el cumplimiento eficiente y  
eficaz de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas,  
recurriendo entre otras cosas a acuerdos de Estado a Estado  
• Modificar la Ley Orgánica Militar N°19.775, incorporando  
una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente  
y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos  
• Establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas  
y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis  
en la recuperación de los niveles salariales mínimos  
• Reforzar la presencia del país en el Continente Antártico.

**8.**  
**TRANSFORMAR**  
**LA EDUCACIÓN**

El país enfrenta una emergencia educativa. Si no conseguimos revertir  
a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad  
y calidad de aprendizajes, corremos el riesgo de dejar de ser la  
sociedad que hemos sido y que queremos ser. Los últimos gobiernos  
han sido incapaces de generar mejoras significativas. Para lograrlo,  
nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:  
• Ampliar la cobertura, profesionalizar y fortalecer la  
atención a la primera infancia, con foco en el niño y su  
derecho a ser cuidado, desarrollarse y aprender  
• Fortalecimiento del rol de Ministerio de Educación y Cultura  
como institución responsable de la política educativa nacional, sin  
perjuicio de los cometidos de la ANEP, la UDELAR y la UTEC  
• Fortalecimiento de los centros educativos como comunidades  
privilegiadas para la generación de aprendizajes  
• Modificar el Estatuto Docente de ANEP, para que la antigüedad  
deje de ser el factor determinante para el ascenso y se valore la  
evaluación y formación, respetando los derechos adquiridos  
• Extensión del tiempo pedagógico y de permanencia  
de los alumnos en los centros educativos de inicial y  
primaria en los barrios vulnerables de todo el país  
• Plan de instalación de centros modelo de educación media  
en barrios vulnerables de todo el país, que funcionarán en el  
marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP  
• Reforma curricular que abarque la educación desde los 3 hasta los  
18 años, y que se fundamente en la formación por competencias  
• Impulso a la formación dual y otras modalidades que  
favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso  
al mundo de la producción y del trabajo  
• Desarrollo de proyectos de formación técnico-profesional  
destinados a jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni  
trabajan, iniciándolos en el aprendizaje de oficios y en la  
incorporación de nuevas tecnologías constructivas  
• Fortalecer el rol director del CODICEN de la ANEP, al que  
se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas,  
manteniéndose los consejeros electos por los docentes  
• Plan nacional de fortalecimiento de la profesión docente,  
que incluya un sistema de formación universitaria con un  
marco común y diversidad de instituciones formadoras  
• Profesionalizar las funciones de dirección y supervisión, mediante  
la formación de recursos humanos y la creación de condiciones  
institucionales para nuevas modalidades de liderazgo educativo  
• Impulsar al INEEd como agencia evaluadora independiente, a la que  
se dotará de los recursos y de una gobernanza adecuada, que cumpla el  
principio de que quien presta el servicio no puede ser el mismo que evalúa  
• Profundizar la alianza estratégica entre tecnología y educación,  
apoyándonos en la experiencia del Plan Ceibal y de la UTU  
• Integrar a las familias al proceso educativo  
• Trabajar para lograr un cambio cultural desde una educación segregada  
hacia una educación inclusiva, que respete la diversidad y reconozca  
la riqueza y el valor que la discapacidad agrega a la sociedad  
• Fortalecer las asambleas Técnico Docentes como  
ámbitos de reflexión y propuesta educativa  
• Desarrollar de la UTEC del país, apostando a la creación  
de nuevas carreras tecnológicas en el interior del país  
y aumentando el número de plazas disponibles  
• Asegurar la efectiva vigencia del principio  
de laicidad en la educación pública.

**9.**  
**PROTEGER A LOS**  
**MÁS DÉBILES**

Uno de los mayores desafíos que enfrentamos los uruguayos es  
recuperar la integración y la justicia social. Siempre fuimos la sociedad  
más integrada y con mejor distribución del ingreso en América Latina.  
Hoy estamos golpeados por la fractura social, la marginalidad y la  
vulnerabilidad económica de muchos hogares. Nosotros queremos romper  
los ciclos generadores de desigualdad y de exclusión. Para eso nos  
comprometemos, entre otras cosas, a impulsar las siguientes medidas:  
• Reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES,  
incrementando su efectividad, reduciendo la burocracia y la  
discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales  
y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, con los  
gobiernos departamentales, con las familias y con la sociedad civil  
• Dar prioridad a la primera infancia, como etapa decisiva de  
la formación de la persona y como momento en el que se juega  
buena parte de la igualdad de oportunidades. Nos proponemos  
asegurar una atención integral que alcance a todos los niños  
• Mejorar la eficacia de las Asignaciones Familiares y otras formas de  
transferencia monetaria, manteniendo el nivel de las prestaciones  
• Desarrollar políticas sociales en diálogo y articulación con las  
familias, como agente fundamental de protección, contención e  
impulso al desarrollo personal. Las políticas sociales no deben  
focalizarse en los individuos aislados, como si el entorno familiar no  
existiera, sino articular con él y tomar las precauciones necesarias  
para preservarlo. Esta tarea ha de ser realizada desde una actitud  
de diálogo y aceptación hacia la diversidad de familias  
• Reorganizar y coordinar el conjunto de agencias estatales que actúan  
en lo social: MIDES, INAU, ANEP, INJU, programas específicos del MSP,  
Ministerio de Vivienda, ANV y de los gobiernos departamentales, etc.  
• Fortalecer y ampliar la cobertura de los centros CAIF  
• Profundizar las políticas de prevención a  
bordaje al maltrato y al abuso infantil  
• Revisar y rediseñar los mecanismos de adopción,  
promoviendo un acortamiento de procesos en un marco  
de garantías adecuadas para todas las partes  
• Desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y  
de creación de Unidades Barriales Sostenibles, incorporadas al tejido  
urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento,  
agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica.  
• Reformular la institucionalidad de la vivienda, y promover el acceso  
mediante un conjunto de iniciativas que incluyan nuevas modalidades  
de crédito, la reducción de costos fiscales, la incorporación de nuevos  
sistemas constructivos, la generación de nuevos mecanismos de  
alquiler y la promoción de la ayuda mutua y de la autoconstrucción  
• Fortalecimiento del programa MEVIR, complementándolo con el  
desarrollo de una adecuada infraestructura vial y redes de servicios  
• Promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando  
el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia  
• Promover el deporte desde un enfoque social, aprovechando  
sus potencialidades como instrumento de integración social, de  
construcción de sentido comunitario y de desarrollo personal  
• Fortalecer y coordinar el conjunto de acciones y programas dirigidos al  
tratamiento de las adicciones y consumo problemático de drogas y alcohol  
• Crear una Secretaría Nacional de la Discapacidad que fortalezca y  
dé coherencia al conjunto de acciones dirigidas a esta población  
• Estandarizar los criterios para certificar la discapacidad,  
eliminando la inequidad en el acceso a las ayudas extraordinarias  
AYEX y las pensiones otorgadas por el BPS  
• Impulsar el desarrollo de ciudades accesibles, priorizando  
la solución de problemas de accesibilidad a centros  
educativos, dependencias estatales y espacios públicos  
• Desarrollo de programas que compensen las desventajas  
generadas por la diabetes y la enfermedad celíaca  
• Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad  
social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de  
lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y  
menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente  
por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad  
• Reducir progresivamente las tasas de los préstamos que  
el BPS y el Banco República ofrecen a los pasivos  
• En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo  
permita, considerar una eliminación gradual del IASS

**10.**  
**AGENDA DE DERECHOS**

Nuestros partidos están fuertemente comprometidos con la defensa  
y protección de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de  
fronteras. Esta tarea, tal como la concebimos, debe permear toda la acción  
de gobierno, incluyendo, entre otras, a las políticas sociales, la política  
educativa, la política carcelaria y la política exterior. En este marco, nos  
comprometemos entre otras cosas a impulsar las siguientes acciones:  
• Combate frontal a la violencia en general y contra las  
mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación  
por orientación sexual. Fortalecimiento de acciones que  
promuevan la igualdad de derechos y de oportunidades  
• Fomento de políticas públicas de conciliación entre  
la vida laboral y la vida doméstica, como manera de  
disminuir la brecha de oportunidades entre géneros  
• Rediseño y fortalecimiento de programas de apoyo a afrodescendientes,  
víctimas de delitos violentos, inmigrantes, personas en situación de calle y  
todo otro grupo que sea objeto de postergación, injusticia o discriminación  
• Mantener la legislación vigente y continuar trabajando  
en beneficio de grupos que han sido históricamente  
perjudicados por su género, por su origen étnico, por su  
orientación sexual o por otras características personales  
• Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos  
serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles  
y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta  
búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares  
y las instituciones de defensa de los derechos humanos  
• Nos comprometemos a llevar adelante políticas públicas acordes  
con los estándares del sistema internacional de Derechos Humanos  
de Naciones Unidas, ratificado por Uruguay (Declaración Universal  
y Convenciones concordantes de Derechos Humanos), así como las  
recomendaciones de los comités de Tratados y del Examen Periódico  
Universal al que nuestro país está sometido como parte del compromiso  
global de defender una vida digna para todas las personas. No creemos  
en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una  
defensa constante y coherente dentro y fuera de fronteras.

**11.**  
**PROTEGER EL MUNDO**  
**DEL TRABAJO**

Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales,  
en cuyo centro están los Consejos de Salarios. Nosotros nos identificamos  
con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad. Nuestro  
compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a  
los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la búsqueda de  
acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto. Al mismo tiempo hace falta  
dar respuesta a los cambios sustanciales que se están produciendo, de la mano  
de la revolución tecnológica y la rápida transformación de las formas de vida.  
• Defender el poder de compra del salario y, en  
particular, de los salarios más sumergidos  
• Reconocimiento de los Consejos de Salarios como pieza  
clave del sistema uruguayo de relaciones laborales  
• Creación de Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos  
integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y  
las cámaras empresariales, que se encargará de suministrar estudios  
técnicos, indicadores y análisis de los datos relevantes para la  
negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de  
los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial  
• Avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la  
diversidad de situaciones y las condiciones económicas  
particulares de los diferentes sectores  
• Para que la política salarial sea sostenible y el salario real crezca a lo  
largo del tiempo, se pondrá énfasis en mejorar los niveles de productividad.  
• Levantamiento de las observaciones efectuadas  
por la OIT a la ley de negociación colectiva  
• Legislar para crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje, e incorporar  
en la legislación mecanismos supletorios de resolución de conflictos  
• Actualización y sistematización de la normativa  
sobre salud y seguridad en el trabajo  
• Creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional  
Continua, que asegure permanentes oportunidades de mejora a los  
trabajadores, al tiempo que favorezca la innovación y la productividad  
• Mantener y profundizar el programa “Uruguay trabaja” (Ley  
18.240), en el entendido que los sectores más vulnerables  
de la sociedad necesitan el mayor apoyo del Estado  
• Incentivar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las  
empresas, mediante reducciones de aportes patronales y mecanismos  
como los establecidos por la Ley 19.689 del 23 de octubre de 2018  
• Nos proponemos reformar las leyes de empleo juvenil, que  
claramente no han generado los efectos esperados. Crearemos a tal  
efecto un grupo de trabajo multipartidario con sólido apoyo técnico  
• Impulso al cooperativismo

**12.**  
**CUIDAR LA SALUD DE**  
**LOS URUGUAYOS**

Uruguay gasta más del 9 % del PBI en salud. Se trata de una cifra muy alta,  
comparable a la que gastan los países escandinavos. Con ese volumen de gasto,  
todos los uruguayos deberían estar accediendo a una salud de primer nivel.  
Pero no es eso lo que ocurre. La conclusión, una vez más, es que se está gastando  
mal. Los problemas del Sistema Nacional Integrado de Salud no están en los  
principios que lo rigen (universalización, fortalecimiento de la medicina preventiva,  
complementación de servicios, canasta mínima de prestaciones garantizadas,  
subsidio de la demanda) sino en la inmensa distancia que existe entre esos  
principios y el funcionamiento real del sistema. Nosotros nos proponemos reducir  
esa brecha. Para eso, nos comprometemos entre otras cosas a:  
• Fortalecer el peso del MSP en el funcionamiento del  
sistema, devolviéndole el rol rector y de policía sanitaria que  
le daba la Ley N°9.202, y posteriormente la Ley N°18.211  
• Proteger la libertad de elección de los usuarios, como valor en sí  
mismo y como forma de incentivar la mejora de calidad por parte de los  
prestadores. Es necesario superar el “corralito” mutual, buscando un nuevo  
equilibrio entre la libertad de elección y la estabilidad del sistema  
• Emprender una reforma integral de ASSE, para transformarla  
en un prestador eficaz y eficiente. Equiparar las obligaciones y  
el paquete de prestaciones de ASSE al de los demás prestadores  
integrales de salud, a la luz de lo definido en el Plan Integrado de  
Atención en Salud (PIAS). Para las prestaciones que no incluye el  
PIAS, se estudiará caso a caso la mejor forma de cubrirlas.  
• Crear una agencia independiente de evaluación de tecnologías.  
• Mejorar el sistema de información en salud, mediante la  
incorporación intensiva de TIC al proceso de toma de decisiones  
• Adecuar progresivamente el valor de la cápita, tomando en cuenta  
algunas variables clínicas de ajuste que permitan aproximarse de  
forma más adecuada al perfil del usuario. En la actualidad, la cápita  
sigue siendo únicamente ajustada por edad y sexo de la persona  
• Reforzar los acuerdos con organismos que se ocupan del  
desarrollo humano (por ejemplo, SOCAT del MIDES, ANEP, INAU),  
así como con la comunidad organizada, para apuntalar en el Primer  
Nivel de Atención la coordinación y eficacia de las acciones  
dirigidas a los grupos de mayor riesgo de la población  
• Concretar la complementación de servicios públicos y privados  
en todo el país (complementariedad interinstitucional)  
• Crear un sistema de incentivos que favorezca de manera no  
compulsiva la radicación de profesionales de la salud en el interior  
• Desarrollar una telemedicina de calidad y organizar rondas  
sanitarias periódicas en zonas rurales y pequeños centros urbanos,  
con móviles equipados con ecógrafo, equipo de RX, mamógrafo,  
electrocardiógrafo, sillón odontológico, equipamiento para extracción  
y conservación de muestras de laboratorio, kits de tamizaje para  
patologías prevalentes, etc., con uso de la telemedicina  
• Reformular el Fondo Nacional de Recursos, haciendo hincapié en la  
movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones, y en su financiamiento.  
• Poner en marcha, en articulación entre el MIDES y el MSP, un Plan  
Nacional de Adicciones y Salud Mental, que tendrá carácter nacional  
(urbano y rural) e integrará actividades de difusión, prevención e  
intervención sicológica. Se prestará especial atención a las problemáticas  
de la depresión, el consumo problemático de sustancias, abuso sexual,  
bullying, auto y heteroagresiones, e intentos de autoeliminación.  
Se priorizarán las acciones dirigidas a jóvenes y adolescentes.

**13.**  
**MEDIO AMBIENTE**  
**Y BIENESTAR ANIMAL**

Cuidar la casa común es un deber hacia nosotros mismos y hacia las generaciones  
futuras. Es también un problema urgente, porque en estos años hemos  
sufrido procesos de deterioro ambiental a los que no se ha respondido con  
suficiente eficacia. Por eso apuntamos a una política ambiental que sea pilar  
del desarrollo productivo y turístico al tiempo que asegura la protección de  
nuestros recursos naturales. En este marco de sensibilidad y preocupación, nos  
comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:  
• Crear un Ministerio de Medio Ambiente, mediante una reubicación  
de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están  
radicados básicamente en el MVOTMA. Esta reorganización asegurará  
un funcionamiento más ordenado y profesional, y fortalecerá las  
tareas de rectoría, regulación y habilitación, que pasarán a ser  
ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica  
• Incrementar la participación ciudadana en temas ambientales,  
dando especial protagonismo a las comunidades locales. Implementar  
políticas públicas participativas en temas ambientales  
• Desarrollar una política integrada de medidas de recuperación,  
monitoreo y protección de la calidad de los cursos de agua, suelos y  
aire, que haga posibles una actividad productiva y un desarrollo urbano  
que sean sostenibles y solidarios con las generaciones futuras  
• Proteger los acuíferos Guaraní y Raigón, realizando  
los estudios de impacto ambiental antes de autorizar las  
exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y de la minería  
a cielo abierto de gran porte sobre sus superficies  
• Velar por el pleno cumplimiento del marco legal ambiental durante los  
procesos de construcción y funcionamiento de emprendimientos industriales  
• Reformular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,  
fortaleciendo las medidas de fiscalización y construyendo  
puentes con actividades como el ecoturismo. Velar por la  
conservación de especies de nuestra fauna autóctona  
• Examinar el Proyecto de Ley de la creación de Delitos Ambientales  
de 2017 y promover su votación con los cambios necesarios  
• Promover la economía circular y la responsabilidad  
extendida de los productores  
• Profundizar el uso, seguimiento e interpretación de  
indicadores ambientales en todas las áreas  
• Crear un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas  
Productivos, un Programa Nacional de Control de Poblaciones (caninos  
y felinos), un Sistema Nacional de Ecoparques y Reservas Animales,  
y un Sistema Nacional de Salud para animales de compañía  
• Actualizar la normativa en materia de ruido y emisiones vehiculares  
a los efectos de incorporar las buenas prácticas internacionales  
• Avanzar en la creación de un Sistema nacional de Gestión de  
Residuos, en coordinación con los gobiernos departamentales,  
para lograr altos niveles de reciclaje, disminuir la necesidad de  
incineración y garantizar el manejo seguro de residuos tóxicos  
• Fortalecer la educación ambiental en todos los ámbitos y  
niveles de enseñanza. En particular, desarrollar programas de  
educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje  
a lo largo de toda la vida y dirigido a personas de cualquier edad  
y en diversos ámbitos de la vida social, procurando un cambio de  
actitud de los ciudadanos en su relación con el ambiente  
Nuestra tarea de gobierno irá más allá de los puntos enumerados en este  
documento. La construcción de acuerdos seguirá adelante, profundizando  
y especificando otras líneas de acción y nuevas medidas concretas. Lo  
que queda expresado aquí son los grandes rumbos estratégicos que  
darán un marco claro y coherente al nuevo gobierno de coalición.  
Este es nuestro compromiso. Aquí están nuestras certezas. Seremos un  
gobierno fundado en la confianza recíproca y en la cooperación.

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