Gobierno recibió 92 propuestas para elaborar Plan Nacional de Seguridad Pública

“Fue un espacio exitoso en convocatoria, desarrollo y producto”, resumió el ministro del Interior, Carlos Negro, en alusión a los Encuentros por Seguridad. Destacó el valor de la herramienta y de los insumos surgidos para continuar los trabajos de una gestión que, según aseguró, en nueve meses obtuvo mejores resultados que la administración anterior.
 

Disminución de delitos, incremento salarial e incorporación de policías
El ministro enfatizó en los “resultados inocultables” de los primeros meses de gestión, como la baja de todos los delitos de un 5,3% a nivel general. En solo nueve meses se obtuvieron “mejores resultados que en todo el gobierno anterior”, afirmó Negro. Los operativos que “descabezaron” a las principales bandas de narcotraficantes y del crimen organizado del país, las incautaciones de drogas y desarticulación de grupos, investigaciones de homicidios y cibercrimen, entre otras acciones, fueron destacados por el ministro.

Para lograr una “mejor Policía”, Negro confirmó que, en el marco de la Ley de Presupuesto, la cartera procura otorgar incrementos salariales, a lo cual sumó la incorporación de más de 1.500 efectivos. Recordó la creación de la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, mejoras en la formación, fortalecimiento de Policía Comunitaria y extensión del programa Pelota al Medio a la Esperanza a todo el país.

Entre las incorporaciones, hizo énfasis en los dispositivos de respuesta a las víctimas de violencia basada en género, las 2.700 nuevas cámaras instaladas, nuevos drones, la próxima colocación de cámaras en peajes, la construcción del anillo digital fronterizo y la suma de nuevos dispositivos 911, como el instalado en Ciudad Vieja en diciembre. 

Encuentros por la seguridad: pluralismo en la participación
El asesor en políticas de seguridad pública para el ministerio y coordinador del plan, Emiliano Rojido, recordó que los encuentros comenzaron con la convocatoria realizada por el presidente de la República, Yamandú Orsi y el ministro Negro, el 28 de julio, dirigida a múltiples fuerzas vivas de la sociedad, para trabajar en el diseño de una política de Estado en materia de seguridad pública. Incluyó a representantes académicos, organizaciones sociales, sector productivo, empresas, organizaciones y agencias del Estado y partidos políticos.

Aseguró que en cuatro meses se trabajó en forma intensa, con generosidad y pluralismo, lo que se resume en el documento presentado en la jornada, que incluye 92 propuestas concretas en materia de seguridad pública, de diferente naturaleza como: cambios normativos, fortalecimiento institucional de eslabones que no funcionan también, iniciativas programáticas y educativas, de concientización. 

Dijo que el Gobierno se compromete a utilizar estos insumos para elaborar el plan que se presentará en marzo del año 2026. Los principales temas se definieron en siete ejes estratégicos: 

Homicidios
Violencia basada en género y contra niños y adolescentes
Control de armas de fuego y municiones
Narcotráfico
Ciberdelitos y fraudes informáticos
Sistema de justicia criminal
Sistema de prevención del delito y la violencia
Consensos en cibercrimen y fraudes informáticos
Hubo consenso general en cuanto al abordaje de varios temas, sobre todo en materia de ciberdelito y fraudes informáticos, que Rojido definió como “el problema del futuro”. Mientras las denuncias de rapiñas y hurtos se redujeron en los últimos meses, las estafas mediante instrumentos electrónicos aumentaron por 22, delitos que afectan rentas de empresas, datos públicos y generan un daño patrimonial a las personas, sostuvo el asesor.

Otro tema sobre el que hubo concordancia fue la articulación con el sector privado de seguridad. Rojido recordó que el país cuenta con 23.000 guardias privados cuya mejor coordinación con las fuerzas públicas podría duplicar la capacidad de vigilancia en calle. Afirmó que las empresas están dispuestas, incluso a colaborar con cámaras y tecnologías.

También hubo consenso en la importancia de la sociedad civil, no para delegarles la política pública, aclaró, sino enfocado en la “inteligencia comunitaria de las organizaciones” que trabajan en lugares donde el Estado no llega. “La política pública debería informarse y articularse con actores de esas organizaciones que poseen un enorme conocimiento del territorio, tienen la confianza de la ciudadanía, llegan donde el Estado no llega y pueden orientar los recursos públicos para tener mejores resultados”, enfatizó.

Participaron de la actividad la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el director nacional de la Policía, José Azambuya.