El presidente informó que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley que reglamente el derecho de reunión, en base a lo previsto por el artículo 38 de la Constitución, cuando atente de forma notoria la salud pública. Además, se definirá legalmente el concepto de aglomeración.

Por otra parte, el ingreso al país será suspendido desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero de 2021, excepto para los uruguayos que hayan adquirido su pasaje al día 16 de diciembre, y el transporte de cargas. Para esas mismas fechas, se suspenden los espectáculos públicos y se coordinará con el Congreso de Intendentes, para que esta disposición se aplique en todos los departamentos.

Las licencias del personal de la Administración Pública serán adelantadas, en coordinación con los gremios. También se exigirá el cumplimiento del teletrabajo en ese sector.

La presencialidad se implementará para casos excepcionales por la naturaleza del servicio.

En el referido sector, los mayores de 65 años no concurrirán a las oficinas. Se cancelan las actividades de jerarcas, como inauguraciones, reuniones, exposiciones, salvo fundadas razones.

Además, se insta al sector privado a adoptar las medidas laborales similares. En base al asesoramiento técnico recibido, las reuniones privadas no podrán superar las diez personas, con prevalencia del concepto de “burbuja”.

Por otra parte, se reanuda la actividad de los gimnasios en lugares cerrados con un aforo del 30% y una hora de permanencia como máximo, sin habilitación de vestuarios.

La cantidad de pasajeros del transporte interdepartamental se limitará al 50% en los momentos de mayor movilidad. Se subsidiará la pérdida que eventualmente puedan sufrir las empresas. La medida rige del 21 de diciembre al 10 de enero.

Los shoppings y demás centros comerciales extenderán su horario de atención y se disminuirá el aforo previsto en los protocolos actuales. La actividad comercial de restaurantes, bares, pubs y comercios similares finalizará a la medianoche. Las ferias tradicionales también deberán cumplir con limitación de aforo. Se facultará al Gobierno a multar, en algunos casos, cuando las personas no usen tapabocas.