Ante el escenario de público conocimiento respecto a la situación de la institución Casa de Galicia, el Ministerio de Salud Pública consideró necesario realizar varias aclaraciones.

1- El Poder Ejecutivo tiene como principal prioridad garantizar la debida asistencia médica de los usuarios de la institución, así como adoptar todas las medidas que estén a su alcance, para garantizar la protección de los puestos de trabajo. Desde diciembre del año 2020 se está realizando un seguimiento exhaustivo de la institución, dada su preocupante situación económica-financiera.

2- En los últimos cinco años la institución perdió el 20% de sus afiliados.

3- Asimismo, en los últimos seis ejercicios consecutivos fueron deficitarios, lo que evidencia severos problemas de gestión.

4- Según sus últimos estados contables, presenta un alto nivel de endeudamiento, que asciende a 76 millones de dólares, superando cuatro veces la media de endeudamiento por afiliado del sector.

5- En virtud de lo expuesto, el Estado ha realizado un significativo esfuerzo económico, concediéndole en la última década, en dos oportunidades, facilidades de acceso a créditos a través del Fondo de Garantía IAMC, por la suma de 46 millones de dólares. A pesar del apoyo económico recibido (la última vez en diciembre de 2019), la institución no ha cumplido la mayor parte de las metas propuestas en los planes presentados.

6- Por otro lado, las autoridades de Casa de Galicia comprometieron por adelantado para el año 2022, más del 91% del promedio anual de los créditos FONASA, uno de los principales ingresos de la institución. Por tal motivo, recientemente se denegó la última solicitud, ya que comprometía casi el 98% de los ingresos FONASA hasta junio 2022.

7- Es de destacar que ni el Ministerio de Salud Pública, ni el Ministerio de Economía y Finanzas, han emitido respuesta definitiva sobre la nueva solicitud de la institución de acceder, una vez más, al Fondo de Garantía IAMC por 12 millones de dólares, que está actualmente a estudio, en consideración de todo lo señalado anteriormente, y principalmente, en la búsqueda de velar por una administración transparente y eficiente de los fondos públicos.