El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae), y el Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente (Inisa) firmaron un convenio basado en la Ley de Promoción del Empleo.

El acuerdo establece que las empresas que contraten jóvenes que están en rehabilitación accederán a subsidios para el pago de sus salarios, con un tope de 30.982 pesos mensuales por un año.

Con esta acción, se busca facilitar la inserción laboral de personas en la órbita del Inisa, en el marco del apoyo para su ingreso a empresas privadas, a través de las modalidades incluidas en la Ley de Promoción del Empleo.

El convenio se firmó este jueves 19 en la sede de la cartera, con la presencia del ministro de Trabajo, Pablo Mieres; el director nacional de Empleo, Daniel Pérez; la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, y la directora, Rosario Pérez.

En su oratoria, Mieres destacó el papel del Gobierno para lograr la reinserción social de los menores de edad en conflicto con la ley.

En ese sentido, expresó que, mediante la ley n.° 19.973, votada el pasado año en el Parlamento, se procura proteger a los sectores más vulnerables a través de oportunidades laborales.

Por su parte, Pérez explicó que, gracias a este convenio, se les otorgará un subsidio a las empresas que contraten a jóvenes que participen de programas de rehabilitación en el Inisa.

El beneficio consta de un 60% del salario cuando se contrate a un varón y de un 80% en caso de que sea una mujer, con un tope de 30.982 pesos mensuales por un año.

De Olivera, en tanto, destacó la responsabilidad social de las empresas y del MTSS, por el apoyo a su institución, para permitir que estos jóvenes consigan oportunidades para acceder a un empleo formal.

Observatorio para optimizar resultados

Según la presidenta del Inisa, la reincidencia de los menores infractores está decreciendo. En ese sentido, un equipo del observatorio trabaja para realizar la medición de las estadísticas y profundizar en la información. 

“Estamos incorporando un sistema de gestión para unificar todos los datos y poder planificar y gestionar”, indicó De Olivera. Agregó que el objetivo de esta innovación es fortalecer las políticas públicas respecto al sistema penal juvenil.

En la actualidad, hay 290 adolescentes privados de libertad y 310 con medidas alternativas. La jerarca aseguró que el directorio procura adoptar medidas alternativas y avanzar en los departamentos en esa dirección.

Indicó que se trabaja para implementar estas acciones en Mercedes y en Maldonado.

“Es una potestad del Inisa tener la totalidad de las medidas privativas y no privativas de libertad”, concluyó.