Fuerte rechazo de la Agrupación Universitaria del Uruguay a que el representante del Poder Ejecutivo en el Fondo de Solidaridad cobre sueldo

En la misiva, los profesionales destacan que a dicha figura le corresponde presidir la “Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad” (CHAFDS), cargo que hasta el momento ha sido honorario.

“Desde su creación, por Ley 16.524 del 25/07/1994, el FDS esadministrado por la CHAFDS, la cual está integrada por ocho miembros, siendo la AUDU con un delegado, la única entidad que representa a los contribuyentes en la misma".
En concordancia con lo establecido en el art 2° de la mencionada Ley, “el Fondo será organizado y administrado por una Comisión Honoraria integrada por ocho miembros" que son todos honorarios.
Dado que la institución cuenta con una infraestructura informatizada y de RRHH de base sólida, con cinco gerencias de área y una gerencia general, experimentada y eficiente, es posible que la dirección dedique sus esfuerzos a la conducción, de acuerdo a los términos previstos en el art. 2 de la Ley, no existiendo razones para la retribución de ninguno de sus integrantes.
Situación que conoce en profundidad, porque en distintas instancias y durante largos periodos, se debió asumir la ausencia de la presidencia al no contar con el representante del PE, "responsabilidades que en algunas oportunidades involucraron al secretario y en otras a nuestro delegado”, indica el comunicado de AUDU.

En ese sentido, el presidente de la Agrupación Universitaria del Uruguay, Ing. Miguel Fierro, expresó que:
“En este escenario resulta, además de injustificado, contradictorio con las políticas promovidas desde el gobierno, que se plantee el pago de una remuneración para la presidencia, por un valor que en términos reales rondará los $180.000 mensuales (equivalente a 23 becas estudiantiles). Nuestros objetivos están centrados en defender el destino de los aportes que hacen los profesionales y, por ello denunciamos estos desvíos injustificados, contradictorios, e inaceptables, para que ellos no terminen afectando a un número importante de estudiantes que necesitan de este recurso para acceder a sus estudios universitarios”, concluyó.