El Gobierno, junto con trabajadores y empresarios, elaboró un mecanismo para que cerca de 30.000 firmas con entre cinco y 50 empleados cumplan con la exigencia de incorporar servicios de prevención y salud. Se procuró encontrar una herramienta acorde a la realidad de las de menor tamaño, señaló el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres.

El anuncio fue realizado el viernes 7 de octubre, en la sede de la cartera. También asistieron el subsecretario Mario Arizti y el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Tomás Teijeiro.

La medida, que se implementará a partir del 1.° de noviembre, brindará una solución definitiva para que las empresas con entre cinco y 50 trabajadores cumplan con la obligatoriedad de implementar servicios de prevención y salud, establecida en el decreto n.° 127, del 13 de mayo de 2014, expresó Mieres. Hasta el momento no se había encontrado un mecanismo adecuado para ponerlo en práctica, por lo que se habían establecido sucesivas extensiones en los plazos. 

El secretario de Estado explicó que se procuró respuesta a esa situación con el objetivo de evitar una nueva prórroga para aplicar la normativa, pero “buscando mecanismos que sean compatibles con la realidad de las empresas que tienen menor tamaño”, expresó.

Los servicios de prevención y salud ocupacional son equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de la temática, cuya función es brindar asesoramiento a empleadores y trabajadores acerca de los requisitos para establecer y conservar un ambiente laboral seguro y sano.

Mieres informó que las empresas que cuentan con el citado número de trabajadores deberán elaborar un plan de prevención de riesgos laborales con un técnico o profesional en prevención y salud ocupacional. El documento deberá incluir la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, medidas correctivas y un cronograma de cumplimiento. 

Esta valoración deberá efectuarse cada seis meses o cada vez que cambien las condiciones de trabajo, como incorporación de tecnología, modificaciones en los procesos productivos u otra circunstancia que requiera un ajuste. Según los resultados, el técnico podrá recomendar que la empresa disponga de un servicio de carácter permanente, informó Mieres. 

El decreto también establece que solo podrán realizar tareas aquellos trabajadores que cuenten con el control de salud vigente. La medida afectará a alrededor de 30.000 empresas y 300.000 empleados.

El jerarca señaló, asimismo, que la solución fue acordada entre los actores que integran el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat), órgano tripartito integrado por el PIT-CNT, cámaras empresariales y organismos del Estado vinculados a la temática, como el MTSS, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado.