La Caja de Profesionales cerró formalmente este jueves el período de cuatro meses de intenso trabajo e intercambio entre técnicos del gobierno y de la institución al entregar en manos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres, el anteproyecto de ley que pretende brindar una salida a corto plazo con medidas tendientes a mejorar la situación que atraviesa.

 
Las medidas propuestas plasmadas en este anteproyecto de ley fueron aprobadas por mayoría en el último directorio de la institución con 5 votos afirmativos en siete. Desde la institución se inicia de esta forma el proceso de información a las distintas bancadas parlamentarias con las cuales ya se realizaron los primeros contactos.
 
El Directorio de la Caja de Profesionales le entregó este jueves al gobierno una presentación en donde se resumen las acciones que se han desarrollado desde que asumieron las nuevas autoridades -en diciembre de 2021-, con medidas tendientes a mejorar la situación económico y financiera del Instituto y brindar “un marco más holgado para lograr sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo”.

El ministro Pablo Mieres fue quien recibió el anteproyecto y valoró la actitud del directorio de la Caja de haber tomado esas decisiones que admitió son “complejas” de tomar en momentos de crisis. 

“Cuando hay crisis no es fácil tomar esas medidas y, sin embargo, le han puesto el pecho a las balas y ha habido un diálogo muy profundo, intenso y permanente entre el Directorio de la Caja de Profesionales y el Poder Ejecutivo”, afirmó Mieres.

Aseguró que el diálogo entre ambos organismos “ha sido muy fructífero, muy franco y valiente, ya que no es fácil presentar propuestas que encaran una situación de crisis”. 

Mieres sostuvo que la situación actual fue “heredada” debido a que en los gobiernos anteriores “se dejó correr de manera poco responsable esta situación”.

“Los problemas de seguridad social no nacen de un día para el otro, se van generando y hubo decisiones que se fueron tomando que generaron un proceso de deterioro financiero y patrimonial que puso a la Caja en una situación muy grave que obliga a tomar estas medidas”, contó el ministro.

Y agregó: “Este ejemplo que tenemos hoy de la Caja de Profesionales es un factor adicional que indica cuán importante es que una reforma de la seguridad social se haga con tiempo. Acá estamos actuando ante una situación de crisis inminente, no es la mejor situación, pero es la que tocó y vuelvo a reafirmar el coraje y la capacidad de trabajo de este directorio de la Caja de Profesionales que tomó las riendas del tema”.

 
En ese sentido, en febrero de 2022 la Caja de Profesionales comenzó a tomar las primeras resoluciones tendientes a disminuir los egresos, eliminando beneficios extraordinarios que se habían otorgado por encima de los porcentajes legales y que ya no era viable económicamente seguir manteniéndolos.
 
En junio de 2022, en conjunto con el Poder Ejecutivo, se creó un “grupo de trabajo” para estudiar la modificación de la Ley 17.738, con medidas tendientes a buscar soluciones inmediatas, denominada “ley express”.
 
Desde esa fecha al 22 de diciembre de 2022 se realizaron múltiples reuniones de trabajo, intercambios y evaluaciones, que culminaron en la aprobación de una batería de medidas por parte del Directorio por mayoría de cinco votos afirmativos y dos negativos.

Aprobadas las medidas a tomar, se constituyó en un anteproyecto de ley, que este jueves se le entregó al ministro de Trabajo.

Dentro de los votos afirmativos están los de tres directores elegidos por los activos y dos del Poder Ejecutivo y dentro de los que votaron negativo figura un director de los activos y el elegido por los pasivos.
 
Entre las medidas que plantean desde la Caja al Gobierno, para los afiliados activos se propone: incremento de la edad mínima de jubilación a 65 años, aumento de la tasa de aporte de 16,5% a 19%, ajuste de la tasa de reemplazo a 45% y el aumento de los años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio –llevarlo a 18 años-.  Por otro lado, crea para los nuevos afiliados una nueva escala de sueldos fictos que pasarán a ser 15 categorías con cambios cada 2 años, en lugar de las 10 vigentes actualmente.

En el caso de los pasivos, se propone crear una tasa de contribución pecuniaria de los pasivos.
 
Desde la Caja también se fundamenta cada una de las medidas y cómo ellas afectarán la situación de la institución.
 
“La Caja tiene muy claro el comportamiento de los distintos colectivos. El Instituto evalúa la sensibilidad de cada medida y cómo ella afectaría al objetivo de las modificaciones y estamos convencidos que estas son las medidas más adecuadas para el momento actual”, expresó Virginia Romero, presidenta del Directorio de la Caja, consciente de que toda medida tendrá un impacto en la institución.
 
“Lo que nosotros hicimos fue una presentación ejecutiva de los estudios actuariales que la Caja realizó y ahí se evalúa el grado de apalancamiento financiero que en forma extraordinaria se necesita”.  “En el grupo de trabajo y junto al Poder Ejecutivo se está buscando la mejor alternativa para cubrir el mismo”, indicó la presidenta del directorio.
 
Agregó que desde el Poder Ejecutivo “siguen insistiendo” que la tasa de aportes, en vez de ser del 19% -como se ha propuesto desde la Caja- vaya gradualmente subiendo a 22,5%, “pero todos los estudios que hemos realizado establecen que no se lograrán los objetivos si se llegan a esos niveles de crecimiento en los aportes en los activos”, sostuvo Romero.
 
Indicó, además, que el próximo paso es que “el Poder Ejecutivo envíe el anteproyecto de ley al Poder Legislativo, para su discusión y aprobación definitiva”.
 
“Conocemos que la etapa parlamentaria será otra instancia de trabajo, que lamentablemente viene quedando para el año 2023, pero estamos confiados de la alta sensibilidad de ese cuerpo para la resolución rápida del mismo”, sostuvo Romero.