El ministro acudió a la sala de prensa de Torre Ejecutiva acompañado por el subsecretario, Mario Arizti, y la directora general, Valentina Arlegui. En su intervención, Mieres saludó a los trabajadores y al movimiento sindical y repasó los diferentes aspectos referidos a la realidad de los trabajadores uruguayos durante el último año, la situación actual y los desafíos por delante.

En materia de empleo, informó que la tasa se ubicó, en 2022, en el 57,1%, guarismo superior al registrado en 2019 y similar al de 2018. Asimismo, dijo que el desempleo se ubica actualmente en el 8%, y que el número de trabajadores en seguro de paro es de unos 44.600, cifra menor a los promedios registrados en los últimos cuatro años.

El secretario de Estado destacó que en los tres años de Gobierno se redujo la informalidad laboral de 25 a 21% en promedio, en 2022 y, en marzo de 2023 ese porcentaje descendió a 20%. De esto se desprende que  una mayor proporción de trabajadores accede a las protecciones y derechos que incluye la formalidad, lo cual demuestra que este Gobierno mejoró sustancialmente la calidad del empleo en Uruguay.

En ese sentido, resaltó que en 2022 el promedio de aportantes al Banco de Previsión Social (BPS) fue de 73.000 más que el promedio de cotizantes en el quinquenio 2015-2019.

Si se hace una comparación por género, se observa una reducción entre las distintas brechas, aseguró el jerarca. En lo que respecta al empleo entre el 2019 y el 2022 la disminución fue del 15.9% al 15.5% y, en cuanto al desempleo, en el mismo período bajó de 3.4% a 2.1%.

Entre los desafíos que tiene este Gobierno por delante, el ministro mencionó que se continuará trabajando en reducir las inequidades en materia de acceso al trabajo, brechas de género, edad, educación, región y nivel socioeconómico, así como también en situaciones de discapacidad.

Al respecto, recordó que está vigente la ley de promoción de empleo para sectores vulnerables, instrumento que se continúa difundiendo para extender su uso. Asimismo, agregó que se avanza junto al Ministerio de Desarrollo Social en la incorporación de modificaciones a dicha normativa, para incremenar el acceso al trabajo a las personas con discapacidad.