La Caja publicó este martes, en su web, la respuesta enviada al Ejecutivo

El Gobierno le propuso a la Caja Notarial diferir en tres años su ingreso al
régimen mixto de capitalización individual (AFAP) y reparto. El Directorio
Honorario del organismo, en un principio, aceptó la propuesta, condicionada
a una evaluación de sus finanzas y a que su eventual incorporación al sistema
mixto sea dispuesta por una nueva ley.
Según expresaron voceros de la caja, el Notariado ha rechazado sistemáticamente su
inclusión en el régimen mixto y lo manifestó claramente al comparecer dicho organismo
ante la Comisión Especial del Senado y volvió a ratificar su posición en la Comisión Especial de Diputados.
“Si bien rechazamos el régimen mixto, planteamos ante ambas cámaras que, en caso de no
haber voluntad política de aceptar nuestra postura, cuando menos, debería postergarse por
un plazo prudencial la entrada en vigencia del sistema mixto, a fin de observar el
funcionamiento y la incidencia de la importante reforma paramétrica que rige en la Caja
Notarial desde enero de 2020”, expresaron las autoridades de la institución.
La aspiración de la Caja, según informaron, es que ese aplazamiento fuera de 10 años y así lo transmitieron a diversos actores políticos.
Sin embargo, en estos últimos días, el Poder Ejecutivo propuso que el aplazamiento sea de 3 años. 
“La Caja Notarial evaluó la proposición y la analizó con las entidades gremiales que
congregan a sus afiliados, es decir, la Asociación de Escribanos del Uruguay, la Asociación de Jubilados y la Asociación de Empleados de dicha institución.
Con el acuerdo de todas ellas, el lunes 27 de marzo cursó oficio de respuesta al Poder
Ejecutivo. Aunque rechaza el régimen mixto y había solicitado un período mayor para
apreciar los efectos de su propia reforma vigente desde 2020, admitiría el plazo de 3 años
siempre que no implique, al cabo del mismo, una incorporación automática.

De acuerdo con lo transmitido por la caja al Ejecutivo, una eventual incorporación de sus
afiliados a un sistema mixto debería hacerse mediante una nueva ley. En este sentido, al
cabo del plazo de 3 años, un organismo técnico competente debería analizar las perspectivas financieras de la institución y, si el resultado lo justificara, el Poder Ejecutivo evaluaría la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley para extender el régimen mixto a los afiliados de dicho organismo previsional.