Junta no aceptó las observaciones del Tribunal de Cuentas al proyecto de presupuesto quinquenal del gobierno departamental

El plenario de la Junta Departamental de Soriano celebró su sexta sesión extraordinaria, resolviendo en 38 minutos, por 19 en 30 ediles presentes, no aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, al proyecto de presupuesto quinquenal del Gobierno Departamental, periodo 2021-2025, elevado por la Intendencia de Soriano y vuelto del organismo de contralor.

Tras una serie de consideraciones expuestas por varios ediles, se adoptó la resolución de no aceptar las observaciones del Tribunal contenidas en el dictamen de fecha 22 de setiembre, referido al Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Soriano, Periodo 2021-2025.

Asimismo, se resolvió remitir el Presupuesto, con todo lo actuado, a la Asamblea General a efectos de lo establecido en el artículo 225 de la Constitución de la República.

La resolución, con trámite urgente, será comunicada al Tribunal de Cuentas y a la Intendencia de Soriano.

La propuesta de no aceptación de las observaciones fue hecha por la bancada del Partido Nacional y presentada por su coordinadora, la edila Mayka Acuña.

Por su parte, la edila Claudia Barrientos, presentó otra resolución en nombre de la bancada del Frente Amplio, en forma articulada y proponiendo la aprobación de las observaciones.

Además de las edilas mencionadas, también usaron de la palabra, para argumentar en uno u otro sentido, los ediles Elena Cuadrado, Luciano Andriolo, Jorge Cardona, Damián De Oliveira, Gonzalo Novales y Raúl Bruno, quien bajó a su banca, como lo dispone el reglamento, dejando la presidencia en manos de la primera vicepresidenta María Magallanes.

Cabe informar que el informe del Tribunal de Cuentas de la República establece también que el proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Soriano para el periodo 2021-2025, ha sido preparado en forma razonable, de acuerdo a los supuestos efectuados por el Organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales y reglamentarias vigentes, excepto por lo expresado en las observaciones determinadas por el órgano de contralor y que finalmente no fueron aceptadas por la mayoría de 19 en 30.