"Compromiso por el país": Las líneas estratégicas acordadas por la coalición multicolor

"Hasta el 27 de octubre fuimos competidores. Hoy ya no lo somos. Partiendo de la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras miradas políticas", dicen Lacalle Pou, Talvi, Manini Ríos, Mieres y Novick.
acuerdo coalición multicolor

En un documento firmado por los integrantes de la coalición opositora: Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Edgardo Novick, se dieron a conocer los 13 puntos que forman parte de un acuerdo que en caso de llegar Lacalle Pou a la Presidencia de la República será impulsado por todos estos actores y partidos políticos. De esta manera quedan trazadas las grandes líneas estratégicas sobre las que han acordado los antes mencionados.

LO QUE DICE EL PROGRAMA TEXTUALMENTE:

Los abajo firmantes fuimos competidores en las elecciones del pasado
27 de octubre. En conjunto, los uruguayos nos honraron con el 53%
del total de votos emitidos. Los legisladores electos por nuestras listas
acumulan 56 bancas en la Cámara de Representantes (sobre un total de
99) y 17 bancas en el Senado (sobre un total de 30). Todos juntos podemos
ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer: una
mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez, y una variedad
de enfoques y sensibilidades que nos ayude a dar mejores respuestas
a la diversidad de necesidades y aspiraciones de los uruguayos.
Hasta el 27 de octubre fuimos competidores. Hoy ya no lo somos.
Partiendo de la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras miradas
políticas, nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de rumbos
estratégicos que aseguran una acción de gobierno sólida y coherente.
Cada uno de esos rumbos se traduce en medidas concretas, sobre las
que hemos acordado y sobre las que seguiremos profundizando.
Las grandes líneas estratégicas sobre las que hemos acordado son las siguientes:

1.
UN GOBIERNO CON LAS CUENTAS
EN ORDEN


Los últimos gobiernos no supieron administrar la abundancia de la que se
beneficiaron. A pesar de que dispusieron de más dinero que ningún otro
gobierno en la historia nacional, hoy tenemos un déficit fiscal que no para
de crecer, una inflación fuera de los límites fijados por el propio gobierno
y una deuda que crece a un ritmo insostenible. Las necesidades fiscales,
traducidas en aumentos de impuestos y tarifas, en emisión de deuda y
en atraso cambiario, han puesto contra las cuerdas al sector productivo,
lo que derivó en cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
Nosotros nos comprometemos a un manejo cuidadoso y responsable
del dinero de todos. Los recursos que se vienen malgastando
son aportados con esfuerzo por los uruguayos. Para cortar este
ciclo nos comprometemos a impulsar medidas tales como:
• Disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo
de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio
• Realizar durante 2020 una auditoría de gestión, dentro del marco
constitucional vigente, que permita identificar espacios de ineficiencia
y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos
• Identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto
público, sin afectar las prestaciones en el área social. Aspiramos a un
Estado activo, no prescindente, en apoyo de los más vulnerables
• Diseñar y poner progresivamente en funcionamiento
una Regla Fiscal de Balance Estructural
• Avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, con una
lógica de “base cero” para todos los gastos discrecionales
• Reducir progresivamente la flota vehicular del Estado, en
consonancia con las necesidades de cada repartición
• Analizar la cantidad de asesores y adscriptos contratados
por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles
• Reducir los cargos de particular confianza, especialmente
en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte
de ellos por cargos de alta dirección pública
• Reducir la cantidad de asesores y adscriptos contratados
por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles.


2.
UN ESTADO
INTELIGENTE Y
TRANSPARENTE

Durante los últimos años, el Estado se ha vuelto más ineficiente, más
opaco y más burocrático. Nosotros nos comprometemos a impulsar una
reforma del Estado que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
• Crear una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas,
vinculándola con agencias ya existentes como la Auditoría Interna
de la Nación y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
• Fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP),
dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea
• Jerarquizar el Portal de Transparencia Presupuestaria
• Fortalecer las capacidades del Estado en Planificación Estratégica,
• Concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso,
inducción y redistribución de funcionarios públicos
• Fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas
• Firmar contratos por resultado con organizaciones
que proveen servicios públicos
• Humanizar la función pública, mejorando de las
condiciones de trabajo de los funcionarios
• Fortalecer el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y el Tribunal de Cuentas
• Fortalecer las garantías de los contribuyentes ante la autoridad impositiva
• Avanzar en la descentralización: fortalecer los gobiernos
locales, asignándoles más competencias y recursos
• Promover una normativa que, respetando el marco constitucional
vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso
de personas contratadas por los gobiernos departamentales
• Plan de desburocratización y simplificación de
trámites, con apoyo en la tecnología
• Plan de aprovechamiento y evaluación del estado
de conservación de inmuebles del Estado
• Incorporación de un paquete de leyes anticorrupción:
enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio.


3.
EMPRESAS
PÚBLICAS AL
SERVICIO DE
LA GENTE


Las empresas públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos,
y no los ciudadanos al servicio de las empresas públicas. Experiencias
como la de ANCAP revelan cuánto nos hemos alejado de este
principio básico. Para recuperar el sentido original de estos organismos
que forman parte de nuestras tradiciones institucionales, nos
comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:
• Concentrar la actividad de las empresas públicas en las funciones
industriales y comerciales definidas en sus respectivas cartas orgánicas
• Aplicar a las empresas públicas las mejores
prácticas de gobierno corporativo
• Aprobar un manual general de Principios de Gestión de empresas
públicas, y de protocolos para la selección de integrantes de los directorios
• Promover la designación directorios profesionales, y
establecer la obligación de coordinar con el Parlamento la
presentación y seguimiento de planes estratégicos
• Revisar los criterios de presentación de los estados económico-financieros
• Establecer mecanismos de control estrictos y eficaces de las
empresas subsidiarias de derecho privado, con auditorías de gestión
• Fortalecer las unidades reguladoras, ampliando sus competencias
y otorgándoles más independencia y mayores recursos
• Fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios
técnicos definidos por las unidades reguladoras.


4.
IMPULSO AL
CRECIMIENTO:
DESARROLLO
PRODUCTIVO Y
MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD

A la riqueza nacional la generamos los uruguayos con nuestra creatividad,
nuestra energía y nuestro esfuerzo. Por eso se necesita reactivar la economía,
generando un país más competitivo y dinámico en todos los sectores. Es
fundamental implementar medidas que mejoren las condiciones de vida
de los uruguayos. Para eso nos comprometemos a medidas tales como:
• Utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento
de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas,
prioritariamente las de combustibles y electricidad
• Avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos
con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones
que transparenten y racionalicen el mercado, buscando
trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidas
• Avanzar en la competencia en los sectores de
telecomunicaciones y energía eléctrica
• Impulsar al sector agropecuario como motor de la economía
• Avanzar hacia la eliminación de los impuestos ciegos, que no
tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad
• Fortalecer técnicas productivas y líneas de investigación que
promuevan una producción ambientalmente sostenible.
• Impulso a la agroindustria. Estímulo a la formación de Clusters de
Conocimiento y Experiencias agroalimentarias entre universidades,
centros tecnológicos, productores y operadores del sistema alimentario
doméstico e internacional. Impulso y fomento a la incorporación de I+D+i
• Plan de mejora de la seguridad rural, particularmente en relación al abigeato
• Reactivar sectores del agro con altos niveles de productividad y calidad,
que hoy se encuentran en problemas (como la lechería, el arroz, la granja, la
vitivinicultura y la apicultura) así como la producción familiar y la ruralidad
• Promover la contratación de seguros agropecuarios en
sectores que hoy cuentan con bajos niveles de cobertura
• Adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales
• Elaborar y poner progresivamente en práctica de un programa
de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, con
visión logística y territorial, que reduzca los costos asociados de
transporte al mismo tiempo que actúe como generador de empleo
• Modificar el régimen de PPP, con el fin de reducir plazos legales,
eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para
invertir e incentivar un desempeño más ágil de los actores involucrados
• Impulsar medidas de apoyo a las micro y pequeñas
empresas, incluyendo un régimen tributario especial
• Fomentar la cultura emprendedora. La generación de
nuevos emprendimientos crea empleo, pero además debe ser
concebida como una herramienta para el desarrollo tecnológico,
la innovación y la mejora de las condiciones de vida
• Promover la creación de parques industriales y
mejorar la Ley de Promoción de Inversiones
• Promover un turismo sostenible y competitivo,
desestacionalizando la actividad, diversificando los públicos y
mejorando la conectividad aérea, terrestre y marítima
• Fortalecer el mercado de valores como vía para generar mejores
oportunidades de financiación a las micro y pequeñas empresas
• Modificar la Ley de Inclusión Financiera. La promoción de la inclusión
no debe incluir la obligación de cobrar salarios o pasividades, a través del
sistema de intermediación financiera. La elección debe ser del usuario.

5.
INSERCIÓN
INTERNACIONAL:
ABRIR MERCADOS
Y HACER
ALIANZAS


Tras años de una política exterior movida por las “afinidades ideológicas”,
el país ha quedado encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado
del mundo. Las condiciones en las que podemos entrar a muchos
mercados hacen que nuestros productos no sean competitivos. Una
mala política comercial repercute negativamente sobre el empleo,
sobre la inversión y sobre las condiciones de vida de los uruguayos. Por
eso nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:
• Realinear nuestra política exterior con los principios del Derecho
Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la
defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho
• Establecer un Plan Estratégico de Política exterior
2020-2025, que guarde estrecha relación con las
necesidades y oportunidades del país productivo
• Reorientar, reentrenar y redesplegar el Servicio exterior
para transformarlo en una gran fuerza comercial. Se impulsará
una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las
condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos
• Trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas
a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados
miembros. Necesitamos un Mercosur moderno, ágil y flexible
• Presencia activa en todos los ámbitos de negociación multilateral
• Hacer un mejor aprovechamiento de las oportunidades
que presentan los acuerdos ya firmados por Uruguay, como el
Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la OMC
• Impulsar nuevos acuerdos comerciales, especialmente
con los principales países del Sudeste y Sur de Asia
• Estimular el comercio electrónico mediante
el uso de plataformas digitales
• Programa de internacionalización de la tecnología que incluya la
instalación de embajadas tecnológicas, así como acuerdos para evitar la
doble tributación, para fomentar la radicación de empresas innovadoras y
para promover la cooperación de la industria local con industrias globales
• Fortalecer a las entidades de fomento y desarrollo de comercio e
inversiones, potenciando su impacto y eliminando duplicaciones
• Desarrollar una política de fronteras que responda a
desequilibrios de corto y mediano plazo. Hay que analizar la
estructura de costos del comercio fronterizo, implementando
medidas que permitan su competitividad
• Desarrollar la diplomacia cultural.


6.
UNA POLICÍA
RESPETADA,
UNA SOCIEDAD
PACÍFICA

El aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los
derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento
inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como vehículos de
rehabilitación y reinserción, se han convertido en centros desde los que se
dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Medidas
como las que se proponen en esta sección deben ir acompañadas de un trabajo
de más largo aliento sobre las causas del delito, en particular la exclusión social:
• Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad
pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus
modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida
por la Constitución y la ley para la conservación del orden
público y la protección de los habitantes de la República
• Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción
permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país,
utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado
• Recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos
y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades
operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el
análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías
no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias
• Fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria
laboral. Profesionalizar los procesos de selección y valoración
de competencias, desarrollar capacidades institucionales
para la atención de enfermedades profesionales y desarrollar
buenas prácticas de apoyo y cuidado al personal retirado
• Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo
orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también
solucionar problemas de convivencia en sentido amplio
• Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología
de última generación y especialización de su personal
• Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los
funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval y Policía
Aérea, y personal militar realizando operaciones de vigilancia de cárceles y
fronteras, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio
de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza
• Modificar la normativa vigente para permitir registros
personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de
operaciones especiales como de controles rutinarios
• Construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño
tamaño, diferenciadas por el perfil de las personas privadas de libertad
• Construcción de una cárcel de máxima seguridad para
integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas
privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad
• Impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento
de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como
programas de formación laboral y socio-educativos
• Revisar el sistema de libertades vigiladas, limitando su
aplicación y verificando su efectivo cumplimiento
• Revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Faltas
• Conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los
adolescentes autores de delitos gravísimos, preservando su confidencialidad.
Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser
considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia)
• Desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana,
que incorporará bases en el interior de la República, con
Destacamentos departamentales, regionales o móviles
• Profundizar y ampliar la formación policial en todos sus niveles y tareas,
creando la especialidad de investigación criminal y poniendo sus planes
operativos en sintonía con las mejores prácticas a nivel internacional
• Fortalecer el vínculo y coordinación entre la Policía, la Fiscalía
y la Justicia Penal. Reestructuración de la Fiscalía General
de la Nación, creando cargos y fiscalías especializadas
• Revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia
de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones
• Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado
para erradicar la violencia de género
• Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio
descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política
penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas
al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo
al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio del Interior y tendrá la responsabilidad de reimplantar
el sistema de orden y seguridad en el sistema penitenciario
• Modernizar la Dirección Nacional de Bomberos,
extendiendo su presencia en todo el territorio, articulando
equipos de rescatistas para emergencias.


7.
UNA POLÍTICA DE DEFENSA
ADECUADA AL SIGLO XXI
En una democracia, el diseño y ejecución de la política de defensa y de
su componente esencial, la política militar, es tarea del poder civil. La
conducción de la política de defensa, y de su componente esencial: la
política militar, es una de las responsabilidades de todo gobierno. Hoy hace
falta ajustar esa política a los desafíos de un siglo XXI que plantea nuevas
realidades. En este marco, nos proponemos impulsar medidas tales como:
• Asegurar la continuidad de la participación en Operaciones
de Paz, en el marco de la organización de Naciones Unidas y en
cumplimiento de acuerdos internacionales suscriptos, mediante
el despliegue de contingentes militares, observadores militares,
policiales e integrantes en Estados Mayores Multinacionales
• Protección integral de la soberanía sobre los recursos
naturales, incluyendo el subsuelo, las reservas de agua
potable, el mar territorial y el espacio aéreo
• Desarrollar una planificación de largo plazo para la incorporación
de los medios necesarios para el cumplimiento eficiente y
eficaz de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas,
recurriendo entre otras cosas a acuerdos de Estado a Estado
• Modificar la Ley Orgánica Militar N°19.775, incorporando
una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente
y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos
• Establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas
y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis
en la recuperación de los niveles salariales mínimos
• Reforzar la presencia del país en el Continente Antártico.


8.
TRANSFORMAR
LA EDUCACIÓN

El país enfrenta una emergencia educativa. Si no conseguimos revertir
a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad
y calidad de aprendizajes, corremos el riesgo de dejar de ser la
sociedad que hemos sido y que queremos ser. Los últimos gobiernos
han sido incapaces de generar mejoras significativas. Para lograrlo,
nos comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:
• Ampliar la cobertura, profesionalizar y fortalecer la
atención a la primera infancia, con foco en el niño y su
derecho a ser cuidado, desarrollarse y aprender
• Fortalecimiento del rol de Ministerio de Educación y Cultura
como institución responsable de la política educativa nacional, sin
perjuicio de los cometidos de la ANEP, la UDELAR y la UTEC
• Fortalecimiento de los centros educativos como comunidades
privilegiadas para la generación de aprendizajes
• Modificar el Estatuto Docente de ANEP, para que la antigüedad
deje de ser el factor determinante para el ascenso y se valore la
evaluación y formación, respetando los derechos adquiridos
• Extensión del tiempo pedagógico y de permanencia
de los alumnos en los centros educativos de inicial y
primaria en los barrios vulnerables de todo el país
• Plan de instalación de centros modelo de educación media
en barrios vulnerables de todo el país, que funcionarán en el
marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP
• Reforma curricular que abarque la educación desde los 3 hasta los
18 años, y que se fundamente en la formación por competencias
• Impulso a la formación dual y otras modalidades que
favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso
al mundo de la producción y del trabajo
• Desarrollo de proyectos de formación técnico-profesional
destinados a jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni
trabajan, iniciándolos en el aprendizaje de oficios y en la
incorporación de nuevas tecnologías constructivas
• Fortalecer el rol director del CODICEN de la ANEP, al que
se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas,
manteniéndose los consejeros electos por los docentes
• Plan nacional de fortalecimiento de la profesión docente,
que incluya un sistema de formación universitaria con un
marco común y diversidad de instituciones formadoras
• Profesionalizar las funciones de dirección y supervisión, mediante
la formación de recursos humanos y la creación de condiciones
institucionales para nuevas modalidades de liderazgo educativo
• Impulsar al INEEd como agencia evaluadora independiente, a la que
se dotará de los recursos y de una gobernanza adecuada, que cumpla el
principio de que quien presta el servicio no puede ser el mismo que evalúa
• Profundizar la alianza estratégica entre tecnología y educación,
apoyándonos en la experiencia del Plan Ceibal y de la UTU
• Integrar a las familias al proceso educativo
• Trabajar para lograr un cambio cultural desde una educación segregada
hacia una educación inclusiva, que respete la diversidad y reconozca
la riqueza y el valor que la discapacidad agrega a la sociedad
• Fortalecer las asambleas Técnico Docentes como
ámbitos de reflexión y propuesta educativa
• Desarrollar de la UTEC del país, apostando a la creación
de nuevas carreras tecnológicas en el interior del país
y aumentando el número de plazas disponibles
• Asegurar la efectiva vigencia del principio
de laicidad en la educación pública.


9.
PROTEGER A LOS
MÁS DÉBILES


Uno de los mayores desafíos que enfrentamos los uruguayos es
recuperar la integración y la justicia social. Siempre fuimos la sociedad
más integrada y con mejor distribución del ingreso en América Latina.
Hoy estamos golpeados por la fractura social, la marginalidad y la
vulnerabilidad económica de muchos hogares. Nosotros queremos romper
los ciclos generadores de desigualdad y de exclusión. Para eso nos
comprometemos, entre otras cosas, a impulsar las siguientes medidas:
• Reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES,
incrementando su efectividad, reduciendo la burocracia y la
discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales
y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, con los
gobiernos departamentales, con las familias y con la sociedad civil
• Dar prioridad a la primera infancia, como etapa decisiva de
la formación de la persona y como momento en el que se juega
buena parte de la igualdad de oportunidades. Nos proponemos
asegurar una atención integral que alcance a todos los niños
• Mejorar la eficacia de las Asignaciones Familiares y otras formas de
transferencia monetaria, manteniendo el nivel de las prestaciones
• Desarrollar políticas sociales en diálogo y articulación con las
familias, como agente fundamental de protección, contención e
impulso al desarrollo personal. Las políticas sociales no deben
focalizarse en los individuos aislados, como si el entorno familiar no
existiera, sino articular con él y tomar las precauciones necesarias
para preservarlo. Esta tarea ha de ser realizada desde una actitud
de diálogo y aceptación hacia la diversidad de familias
• Reorganizar y coordinar el conjunto de agencias estatales que actúan
en lo social: MIDES, INAU, ANEP, INJU, programas específicos del MSP,
Ministerio de Vivienda, ANV y de los gobiernos departamentales, etc.
• Fortalecer y ampliar la cobertura de los centros CAIF
• Profundizar las políticas de prevención a
bordaje al maltrato y al abuso infantil
• Revisar y rediseñar los mecanismos de adopción,
promoviendo un acortamiento de procesos en un marco
de garantías adecuadas para todas las partes
• Desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y
de creación de Unidades Barriales Sostenibles, incorporadas al tejido
urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento,
agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica.
• Reformular la institucionalidad de la vivienda, y promover el acceso
mediante un conjunto de iniciativas que incluyan nuevas modalidades
de crédito, la reducción de costos fiscales, la incorporación de nuevos
sistemas constructivos, la generación de nuevos mecanismos de
alquiler y la promoción de la ayuda mutua y de la autoconstrucción
• Fortalecimiento del programa MEVIR, complementándolo con el
desarrollo de una adecuada infraestructura vial y redes de servicios
• Promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando
el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia
• Promover el deporte desde un enfoque social, aprovechando
sus potencialidades como instrumento de integración social, de
construcción de sentido comunitario y de desarrollo personal
• Fortalecer y coordinar el conjunto de acciones y programas dirigidos al
tratamiento de las adicciones y consumo problemático de drogas y alcohol
• Crear una Secretaría Nacional de la Discapacidad que fortalezca y
dé coherencia al conjunto de acciones dirigidas a esta población
• Estandarizar los criterios para certificar la discapacidad,
eliminando la inequidad en el acceso a las ayudas extraordinarias
AYEX y las pensiones otorgadas por el BPS
• Impulsar el desarrollo de ciudades accesibles, priorizando
la solución de problemas de accesibilidad a centros
educativos, dependencias estatales y espacios públicos
• Desarrollo de programas que compensen las desventajas
generadas por la diabetes y la enfermedad celíaca
• Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad
social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de
lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y
menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente
por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad
• Reducir progresivamente las tasas de los préstamos que
el BPS y el Banco República ofrecen a los pasivos
• En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo
permita, considerar una eliminación gradual del IASS


10.
AGENDA DE DERECHOS


Nuestros partidos están fuertemente comprometidos con la defensa
y protección de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de
fronteras. Esta tarea, tal como la concebimos, debe permear toda la acción
de gobierno, incluyendo, entre otras, a las políticas sociales, la política
educativa, la política carcelaria y la política exterior. En este marco, nos
comprometemos entre otras cosas a impulsar las siguientes acciones:
• Combate frontal a la violencia en general y contra las
mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación
por orientación sexual. Fortalecimiento de acciones que
promuevan la igualdad de derechos y de oportunidades
• Fomento de políticas públicas de conciliación entre
la vida laboral y la vida doméstica, como manera de
disminuir la brecha de oportunidades entre géneros
• Rediseño y fortalecimiento de programas de apoyo a afrodescendientes,
víctimas de delitos violentos, inmigrantes, personas en situación de calle y
todo otro grupo que sea objeto de postergación, injusticia o discriminación
• Mantener la legislación vigente y continuar trabajando
en beneficio de grupos que han sido históricamente
perjudicados por su género, por su origen étnico, por su
orientación sexual o por otras características personales
• Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos
serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles
y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta
búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares
y las instituciones de defensa de los derechos humanos
• Nos comprometemos a llevar adelante políticas públicas acordes
con los estándares del sistema internacional de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, ratificado por Uruguay (Declaración Universal
y Convenciones concordantes de Derechos Humanos), así como las
recomendaciones de los comités de Tratados y del Examen Periódico
Universal al que nuestro país está sometido como parte del compromiso
global de defender una vida digna para todas las personas. No creemos
en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una
defensa constante y coherente dentro y fuera de fronteras.

11.
PROTEGER EL MUNDO
DEL TRABAJO


Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales,
en cuyo centro están los Consejos de Salarios. Nosotros nos identificamos
con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad. Nuestro
compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a
los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la búsqueda de
acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto. Al mismo tiempo hace falta
dar respuesta a los cambios sustanciales que se están produciendo, de la mano
de la revolución tecnológica y la rápida transformación de las formas de vida.
• Defender el poder de compra del salario y, en
particular, de los salarios más sumergidos
• Reconocimiento de los Consejos de Salarios como pieza
clave del sistema uruguayo de relaciones laborales
• Creación de Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos
integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y
las cámaras empresariales, que se encargará de suministrar estudios
técnicos, indicadores y análisis de los datos relevantes para la
negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de
los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial
• Avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la
diversidad de situaciones y las condiciones económicas
particulares de los diferentes sectores
• Para que la política salarial sea sostenible y el salario real crezca a lo
largo del tiempo, se pondrá énfasis en mejorar los niveles de productividad.
• Levantamiento de las observaciones efectuadas
por la OIT a la ley de negociación colectiva
• Legislar para crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje, e incorporar
en la legislación mecanismos supletorios de resolución de conflictos
• Actualización y sistematización de la normativa
sobre salud y seguridad en el trabajo
• Creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional
Continua, que asegure permanentes oportunidades de mejora a los
trabajadores, al tiempo que favorezca la innovación y la productividad
• Mantener y profundizar el programa “Uruguay trabaja” (Ley
18.240), en el entendido que los sectores más vulnerables
de la sociedad necesitan el mayor apoyo del Estado
• Incentivar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las
empresas, mediante reducciones de aportes patronales y mecanismos
como los establecidos por la Ley 19.689 del 23 de octubre de 2018
• Nos proponemos reformar las leyes de empleo juvenil, que
claramente no han generado los efectos esperados. Crearemos a tal
efecto un grupo de trabajo multipartidario con sólido apoyo técnico
• Impulso al cooperativismo

12.
CUIDAR LA SALUD DE
LOS URUGUAYOS


Uruguay gasta más del 9 % del PBI en salud. Se trata de una cifra muy alta,
comparable a la que gastan los países escandinavos. Con ese volumen de gasto,
todos los uruguayos deberían estar accediendo a una salud de primer nivel.
Pero no es eso lo que ocurre. La conclusión, una vez más, es que se está gastando
mal. Los problemas del Sistema Nacional Integrado de Salud no están en los
principios que lo rigen (universalización, fortalecimiento de la medicina preventiva,
complementación de servicios, canasta mínima de prestaciones garantizadas,
subsidio de la demanda) sino en la inmensa distancia que existe entre esos
principios y el funcionamiento real del sistema. Nosotros nos proponemos reducir
esa brecha. Para eso, nos comprometemos entre otras cosas a:
• Fortalecer el peso del MSP en el funcionamiento del
sistema, devolviéndole el rol rector y de policía sanitaria que
le daba la Ley N°9.202, y posteriormente la Ley N°18.211
• Proteger la libertad de elección de los usuarios, como valor en sí
mismo y como forma de incentivar la mejora de calidad por parte de los
prestadores. Es necesario superar el “corralito” mutual, buscando un nuevo
equilibrio entre la libertad de elección y la estabilidad del sistema
• Emprender una reforma integral de ASSE, para transformarla
en un prestador eficaz y eficiente. Equiparar las obligaciones y
el paquete de prestaciones de ASSE al de los demás prestadores
integrales de salud, a la luz de lo definido en el Plan Integrado de
Atención en Salud (PIAS). Para las prestaciones que no incluye el
PIAS, se estudiará caso a caso la mejor forma de cubrirlas.
• Crear una agencia independiente de evaluación de tecnologías.
• Mejorar el sistema de información en salud, mediante la
incorporación intensiva de TIC al proceso de toma de decisiones
• Adecuar progresivamente el valor de la cápita, tomando en cuenta
algunas variables clínicas de ajuste que permitan aproximarse de
forma más adecuada al perfil del usuario. En la actualidad, la cápita
sigue siendo únicamente ajustada por edad y sexo de la persona
• Reforzar los acuerdos con organismos que se ocupan del
desarrollo humano (por ejemplo, SOCAT del MIDES, ANEP, INAU),
así como con la comunidad organizada, para apuntalar en el Primer
Nivel de Atención la coordinación y eficacia de las acciones
dirigidas a los grupos de mayor riesgo de la población
• Concretar la complementación de servicios públicos y privados
en todo el país (complementariedad interinstitucional)
• Crear un sistema de incentivos que favorezca de manera no
compulsiva la radicación de profesionales de la salud en el interior
• Desarrollar una telemedicina de calidad y organizar rondas
sanitarias periódicas en zonas rurales y pequeños centros urbanos,
con móviles equipados con ecógrafo, equipo de RX, mamógrafo,
electrocardiógrafo, sillón odontológico, equipamiento para extracción
y conservación de muestras de laboratorio, kits de tamizaje para
patologías prevalentes, etc., con uso de la telemedicina
• Reformular el Fondo Nacional de Recursos, haciendo hincapié en la
movilidad y adaptabilidad de sus prestaciones, y en su financiamiento.
• Poner en marcha, en articulación entre el MIDES y el MSP, un Plan
Nacional de Adicciones y Salud Mental, que tendrá carácter nacional
(urbano y rural) e integrará actividades de difusión, prevención e
intervención sicológica. Se prestará especial atención a las problemáticas
de la depresión, el consumo problemático de sustancias, abuso sexual,
bullying, auto y heteroagresiones, e intentos de autoeliminación.
Se priorizarán las acciones dirigidas a jóvenes y adolescentes.

13.
MEDIO AMBIENTE
Y BIENESTAR ANIMAL


Cuidar la casa común es un deber hacia nosotros mismos y hacia las generaciones
futuras. Es también un problema urgente, porque en estos años hemos
sufrido procesos de deterioro ambiental a los que no se ha respondido con
suficiente eficacia. Por eso apuntamos a una política ambiental que sea pilar
del desarrollo productivo y turístico al tiempo que asegura la protección de
nuestros recursos naturales. En este marco de sensibilidad y preocupación, nos
comprometemos a impulsar medidas como las siguientes:
• Crear un Ministerio de Medio Ambiente, mediante una reubicación
de funcionarios y de recursos presupuestales que hoy están
radicados básicamente en el MVOTMA. Esta reorganización asegurará
un funcionamiento más ordenado y profesional, y fortalecerá las
tareas de rectoría, regulación y habilitación, que pasarán a ser
ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica
• Incrementar la participación ciudadana en temas ambientales,
dando especial protagonismo a las comunidades locales. Implementar
políticas públicas participativas en temas ambientales
• Desarrollar una política integrada de medidas de recuperación,
monitoreo y protección de la calidad de los cursos de agua, suelos y
aire, que haga posibles una actividad productiva y un desarrollo urbano
que sean sostenibles y solidarios con las generaciones futuras
• Proteger los acuíferos Guaraní y Raigón, realizando
los estudios de impacto ambiental antes de autorizar las
exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y de la minería
a cielo abierto de gran porte sobre sus superficies
• Velar por el pleno cumplimiento del marco legal ambiental durante los
procesos de construcción y funcionamiento de emprendimientos industriales
• Reformular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
fortaleciendo las medidas de fiscalización y construyendo
puentes con actividades como el ecoturismo. Velar por la
conservación de especies de nuestra fauna autóctona
• Examinar el Proyecto de Ley de la creación de Delitos Ambientales
de 2017 y promover su votación con los cambios necesarios
• Promover la economía circular y la responsabilidad
extendida de los productores
• Profundizar el uso, seguimiento e interpretación de
indicadores ambientales en todas las áreas
• Crear un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas
Productivos, un Programa Nacional de Control de Poblaciones (caninos
y felinos), un Sistema Nacional de Ecoparques y Reservas Animales,
y un Sistema Nacional de Salud para animales de compañía
• Actualizar la normativa en materia de ruido y emisiones vehiculares
a los efectos de incorporar las buenas prácticas internacionales
• Avanzar en la creación de un Sistema nacional de Gestión de
Residuos, en coordinación con los gobiernos departamentales,
para lograr altos niveles de reciclaje, disminuir la necesidad de
incineración y garantizar el manejo seguro de residuos tóxicos
• Fortalecer la educación ambiental en todos los ámbitos y
niveles de enseñanza. En particular, desarrollar programas de
educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje
a lo largo de toda la vida y dirigido a personas de cualquier edad
y en diversos ámbitos de la vida social, procurando un cambio de
actitud de los ciudadanos en su relación con el ambiente
Nuestra tarea de gobierno irá más allá de los puntos enumerados en este
documento. La construcción de acuerdos seguirá adelante, profundizando
y especificando otras líneas de acción y nuevas medidas concretas. Lo
que queda expresado aquí son los grandes rumbos estratégicos que
darán un marco claro y coherente al nuevo gobierno de coalición.
Este es nuestro compromiso. Aquí están nuestras certezas. Seremos un
gobierno fundado en la confianza recíproca y en la cooperación.

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